Análisis Sentencia Supremo: Real Decreto 1010/2023

Contexto y Antecedentes del Recurso

El presente análisis se centra en la Sentencia de 11 de diciembre de 2025, emitida por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Esta resolución judicial aborda el recurso contencioso-administrativo número 102/2024.

El objeto de la controversia judicial es el Real Decreto 1010/2023, de 5 de diciembre. Dicho real decreto introdujo modificaciones significativas en dos normativas fundamentales: el Reglamento regulador de las escuelas particulares de conductores, aprobado previamente por el Real Decreto 1295/2003, de 17 de octubre, y el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo.

La impugnación se dirigía contra la totalidad del Real Decreto 1010/2023, buscando la anulación de sus disposiciones por considerarlas contrarias a derecho o perjudiciales para los intereses del recurrente. La Sala Tercera del Tribunal Supremo, tras examinar los argumentos presentados por ambas partes y la normativa aplicable, ha emitido un fallo que estima parcialmente dicho recurso.

Es crucial comprender el alcance de estas normativas previas para entender la relevancia de la sentencia. El Real Decreto 1295/2003 establece el marco para las escuelas particulares de conductores, definiendo sus requisitos, funcionamiento y la formación que deben impartir. Por su parte, el Real Decreto 818/2009 regula aspectos esenciales de la conducción y la obtención del permiso de conducir, incluyendo la aptitud psicofísica y la formación teórica y práctica.

La modificación introducida por el Real Decreto 1010/2023 buscaba, presumiblemente, adaptar estas normativas a nuevas realidades o necesidades administrativas. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo pone de manifiesto que algunas de estas modificaciones no se ajustaban a la legalidad vigente, dando lugar a la estimación parcial del recurso y a la declaración de nulidad de preceptos específicos.

Análisis de la Sentencia y Preceptos Anulados

La decisión del Tribunal Supremo, recogida en su sentencia de 11 de diciembre de 2025, ha tenido un impacto directo sobre el Real Decreto 1010/2023. La Sala ha decidido estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo, lo que significa que no todas las pretensiones del recurrente han sido aceptadas, pero sí aquellas que se consideran fundamentadas y ajustadas a derecho.

El punto clave de la sentencia es la declaración de nulidad de varios preceptos del Real Decreto 1010/2023. Estos preceptos anulados afectan directamente a la redacción de artículos de los reglamentos anteriores, modificando la forma en que se entendía la acreditación y la realización de ciertas formaciones o exámenes.

Los preceptos específicos del Real Decreto 1010/2023 declarados nulos son los siguientes:

Apartado trece del artículo primero

Este apartado modificaba el artículo 43.1 del Real Decreto 1295/2003. La nulidad se centra únicamente en el inciso «o el de las entidades acreditadas por dichas administraciones». Esto sugiere que la posibilidad de que las escuelas de conductores pudieran realizar ciertas gestiones o formaciones a través de entidades acreditadas por las administraciones, tal como se introdujo, era contraria a la norma o invadía competencias.

Apartado tres del artículo primero

Modifica el artículo 7, apartado b), del Real Decreto 1295/2003. La nulidad afecta al inciso final «o con el de las entidades acreditadas por dichas administraciones que las practiquen». Similar al punto anterior, se cuestiona la delegación o la participación de entidades acreditadas en la práctica de ciertas actividades reguladas en este artículo.

Apartado cinco del artículo primero

Este apartado introduce una nueva redacción al artículo 9, apartado d), del Real Decreto 1295/2003. La nulidad se aplica al inciso final «o con el de las entidades acreditadas por dichas administraciones que las practiquen». Nuevamente, se observa un patrón en la argumentación del Tribunal Supremo respecto a la intervención de entidades acreditadas en la realización de prácticas o gestiones relacionadas con las escuelas de conductores.

Apartado seis del artículo primero

Finalmente, este apartado modifica el artículo 10, apartado 3, del Real Decreto 1295/2003. La nulidad se dirige al inciso final «o con el de las entidades acreditadas por dichas administraciones que las practique». La reiteración de esta frase en diferentes artículos y la consiguiente declaración de nulidad indican una problemática estructural en la forma en que el Real Decreto 1010/2023 contemplaba la actuación de estas entidades acreditadas.

La desestimación de las restantes pretensiones del recurrente implica que otros aspectos del Real Decreto 1010/2023, no relacionados con los incisos anulados, se consideran válidos y conformes a derecho. La sentencia también aborda la imposición de costas, remitiéndose a los fundamentos jurídicos detallados en la propia resolución.

Implicaciones Prácticas y Conclusión

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el Real Decreto 1010/2023 tiene implicaciones prácticas significativas para el sector de las escuelas particulares de conductores y, por extensión, para los aspirantes a obtener el permiso de conducir. La declaración de nulidad de los incisos mencionados resta validez a la posibilidad de que las gestiones o prácticas formativas se realicen a través de entidades acreditadas por las administraciones, tal como se pretendía modificar.

Esto significa que, en la práctica, las escuelas de conductores deberán seguir operando bajo el marco normativo previo en lo que respecta a los aspectos anulados. La intervención de estas entidades acreditadas, al menos en la forma introducida por el Real Decreto 1010/2023, queda invalidada. Las administraciones competentes deberán revisar la redacción de la normativa y, si procede, introducir las modificaciones de manera que se ajusten a la interpretación del Tribunal Supremo.

Para las escuelas particulares de conductores, esta sentencia supone una confirmación de la validez de sus operaciones bajo el régimen anterior en los puntos afectados. Sin embargo, también puede generar incertidumbre sobre futuras regulaciones y la necesidad de adaptarse a posibles nuevas normativas que sí cumplan con los requisitos legales.

Para los ciudadanos que buscan obtener el permiso de conducir, la principal consecuencia es que los procedimientos y la formación seguirán rigiéndose por las normativas anteriores en los aspectos anulados. Es fundamental que se informen adecuadamente sobre los requisitos y las vías válidas para realizar sus trámites y formaciones.

La sentencia subraya la importancia de la seguridad jurídica y el respeto a los cauces legales en la elaboración de normativa. El Tribunal Supremo actúa como garante de que las modificaciones legislativas se ajusten al ordenamiento jurídico, protegiendo así los derechos de los ciudadanos y de los operadores del sector.

En conclusión, la Sentencia de 11 de diciembre de 2025 del Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso contra el Real Decreto 1010/2023, declarando la nulidad de preceptos clave relacionados con la intervención de entidades acreditadas en el ámbito de las escuelas de conductores. Esta decisión reafirma la necesidad de que las modificaciones normativas se realicen respetando escrupulosamente la legalidad vigente. Si tiene dudas sobre cómo le afecta esta normativa o necesita asesoramiento legal, no dude en contactar con nosotros.

Fuente: BOE