La Ley de Segunda Oportunidad está diseñada exclusivamente para personas físicas. Esto incluye a trabajadores por cuenta ajena, autónomos (actuales o pasados), pensionistas, desempleados y cualquier persona mayor de edad con residencia o centro de intereses principales en España.
Las personas jurídicas (sociedades limitadas, anónimas, etc.) tienen su propio régimen concursal y no pueden acogerse a este procedimiento. Sin embargo, los administradores de sociedades sí pueden solicitar la Segunda Oportunidad a título personal para sus deudas propias, incluidas las derivadas.
Las sociedades no pueden acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, pero sus administradores sí, a título personal.